Columna de Asuntos Legales: "Fiestas numerosas"
En una nueva edición de la columna de Asuntos Legales, el abogado Emiliano Oyola (MP 5-862) abordó un nuevo tema, basado en hechos de la ciudad de Córdoba durante el pasado fin de semana: la desarticulación de dos fiestas clandestinas en la ciudad de Córdoba.
Jueves 19 de junio 2025 | 11:12 Hs.
A raíz de la reciente noticia sobre la desarticulación de dos fiestas clandestinas en la ciudad de Córdoba, donde más de 300 personas se concentraron en espacios no habilitados —uno de ellos un taller de chapa y pintura—, se reabre el debate sobre los límites legales y normativas municipales en torno a la organización de eventos privados en domicilios particulares.
Desde el ámbito legal, y tomando como referencia la normativa vigente en la ciudad de San Francisco (Córdoba), existen pautas claras que deben ser consideradas a la hora de realizar fiestas con gran concurrencia en espacios privados, aun cuando se trate de viviendas familiares.
Según la ordenanza municipal, no cualquier reunión social está permitida sin límites. Si bien los encuentros familiares y sociales no requieren habilitación formal, cuando la cantidad de asistentes excede lo razonable para un domicilio particular o si se utiliza sonido amplificado, se puede considerar una contravención. Más aún si se detecta que se cobra entrada, se comercializan bebidas o se utiliza el espacio como si fuera un salón de eventos.
Además, las normativas locales establecen restricciones horarias para la emisión de ruidos molestos, principalmente en zonas residenciales, y la policía municipal tiene facultades para intervenir ante denuncias de vecinos o cuando se presume riesgo para la seguridad o la salubridad pública.
En este sentido, desde el asesoramiento legal se insiste en que cualquier evento que implique un número elevado de personas debe contemplar condiciones mínimas de seguridad, higiene, control de acceso y evacuación, especialmente si se utilizan instalaciones precarias o se alteran las funciones del inmueble.
Las sanciones por incumplimiento pueden ir desde multas económicas hasta la clausura del lugar y causas penales, si se comprueba negligencia o puesta en riesgo de terceros. En casos como los ocurridos en Córdoba capital, los organizadores podrían enfrentar imputaciones por violación de normas de seguridad y habilitación, y por ruidos molestos o desórdenes públicos.
La recomendación de los profesionales del derecho es clara: antes de organizar un evento con gran concurrencia en una vivienda, consultar con el municipio y revisar la legislación vigente, para evitar consecuencias legales y garantizar un ambiente seguro tanto para los asistentes como para la comunidad.
Desde el ámbito legal, y tomando como referencia la normativa vigente en la ciudad de San Francisco (Córdoba), existen pautas claras que deben ser consideradas a la hora de realizar fiestas con gran concurrencia en espacios privados, aun cuando se trate de viviendas familiares.
Según la ordenanza municipal, no cualquier reunión social está permitida sin límites. Si bien los encuentros familiares y sociales no requieren habilitación formal, cuando la cantidad de asistentes excede lo razonable para un domicilio particular o si se utiliza sonido amplificado, se puede considerar una contravención. Más aún si se detecta que se cobra entrada, se comercializan bebidas o se utiliza el espacio como si fuera un salón de eventos.
Además, las normativas locales establecen restricciones horarias para la emisión de ruidos molestos, principalmente en zonas residenciales, y la policía municipal tiene facultades para intervenir ante denuncias de vecinos o cuando se presume riesgo para la seguridad o la salubridad pública.
En este sentido, desde el asesoramiento legal se insiste en que cualquier evento que implique un número elevado de personas debe contemplar condiciones mínimas de seguridad, higiene, control de acceso y evacuación, especialmente si se utilizan instalaciones precarias o se alteran las funciones del inmueble.
Las sanciones por incumplimiento pueden ir desde multas económicas hasta la clausura del lugar y causas penales, si se comprueba negligencia o puesta en riesgo de terceros. En casos como los ocurridos en Córdoba capital, los organizadores podrían enfrentar imputaciones por violación de normas de seguridad y habilitación, y por ruidos molestos o desórdenes públicos.
La recomendación de los profesionales del derecho es clara: antes de organizar un evento con gran concurrencia en una vivienda, consultar con el municipio y revisar la legislación vigente, para evitar consecuencias legales y garantizar un ambiente seguro tanto para los asistentes como para la comunidad.
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